Las repatriaciones, un abuso con sello racista y clasista

Lilliam Oviedo

Simón Bolívar situó en los límites del continente las fronteras de la patria. Alrededor de 80 años después, José Martí declaró que “patria es humanidad”. ¿En qué contexto es calificable como ejercicio soberano el acto de expulsar a miles de personas sin tomar en cuenta el daño que esto pueda causarles?
El artículo 13 de la Constitución redactada por el patricio Juan Pablo Duarte, dice que ningún poder es ilimitado, “ni el de la ley tampoco…”. 

No se fundamentan, pues, en el pensamiento de Duarte quienes afirman que, en virtud de las leyes migratorias del país, se puede expulsar sin contemplaciones a toda persona que no haya dado los pasos contemplados en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, puesto en marcha después de la infame sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que despojó de sus documentos como nacionales a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.
No es cierto que el abuso contra miles de personas de nacionalidad haitiana contribuya a preservar los derechos de quienes puedan presentar documentos. Por el contrario, esta acción se inscribe en el ejercicio de coerción de clase.

El Estado que envía a Haití a grandes grupos de personas sin importar que no les haya sido pagado el trabajo realizado, que dejen aquí sus escasas pertenencias, y que se rompan las familias, es el mismo que comete abusos contra los nacionales que pueden demostrar que sus ascendientes tenían asiento legal aquí mucho antes del año 1929 (suena ridículo, pero es la fecha contemplada en la sentencia infame).

¿De qué otro modo se debe calificar la política de exterminio a reales y potenciales delincuentes de los barrios pobres mientras se toleran las más abominables formas de delincuencia de cuello blanco?
En cuanto a los derechos laborales, ¿acaso no se niega a los trabajadores dominicanos el derecho a sindicalizarse y a organizarse?

El patrono puede poner fin a un contrato de trabajo sin justificación alguna y, en una economía de monopolio como es la nuestra, las empresas no tienen que presentar alegato alguno para cerrar las puertas de sus instalaciones a quien necesite vender su fuerza de trabajo. 
Están dadas las condiciones para prohibir la organización sindical, y se prohíbe.

Esta situación, lejos de dar validez al abuso contra los haitianos, indica que es preciso aumentar los niveles de organización y de lucha, porque, con o sin escándalo mediático, se están violando derechos, y eso es intolerable.

UN ESQUEMA DE ULTRADERECHA

En los capítulos de El Capital, que se refieren a la acumulación, Carlos Marx describió la migración en la sociedad capitalista como una necesidad creada por el paso de la actividad rural a la actividad industrial y de servicios. Rosa Luxemburgo (sobre todo en La Acumulación Capitalista) y Antonio Gramsci, igual que otros pensadores marxistas, analizaron la migración vinculándola a la división internacional del trabajo.

El mundo que sigue pateando a las personas migrantes y poniéndoles el sello de ilegales, es regido por el esquema de ultraderecha aunque no esté gobernado en cada realidad nacional por un ultraderechista.
En abril de 1981, Jeanne Kirpactrick (embajadora de Ronald Reagan ante la ONU), hablando en el Kenyon College, de Ohio, calificó como una “carta a Santa Claus” la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dijo que la subsistencia, al acceso a los servicios sociales y las buenas condiciones de vida en sentido general, son derechos que no están limitados, salvo por la mente y los apetitos de sus autores, y no se basan ni en la experiencia, ni en la naturaleza ni en la probabilidad.

Kirpatrick era enemiga de todo gobierno que privilegiara el reconocimiento de esos derechos en lugar de ocuparse de cumplir con el pago a los acreedores estadounidenses y proporcionar garantías al gran capital. Por eso, tuvo un papel protagónico en el diseño y aplicación de las políticas contra Cuba y contra Nicaragua.

El exceso de sinceridad de una estratega ultraderechista no es simple resabio. En Estados Unidos, la política migratoria ha servido históricamente a los intereses del gran capital. Basta consultar el historial de la legislación en ese sentido para darse cuenta de que, durante décadas, las personas nacidas en determinados países han tenido prohibida la entrada a territorio estadounidense. Las leyes vigentes van dirigidas a seleccionar a los migrantes, sirviendo de apoyo al robo de talentos y a la guerra politiquera.

 
Algo similar ha ocurrido en Europa y en Canadá. Un ejemplo bien registrado son las protestas que sacudieron a Francia en octubre del año 2005, protagonizadas por franceses hijos de inmigrantes en demanda de que les fuera reconocida en forma plena su ciudadanía.

El racismo, aunque no tiene una definición puramente clasista, es una forma de discriminación que alimenta la sociedad de clases y abona el despojo de derechos.

TRUJILLO Y BALAGUER COMO REFERENTES

En República Dominicana, el abuso contra la fuerza de trabajo y en particular contra la fuerza de trabajo haitiana, es herencia de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo (1930-1966) y de los gobiernos (constitucionales pero autoritarios y criminales) de Joaquín Balaguer.

En la división internacional del trabajo impuesta por la ultraderecha dominante en Estados Unidos y en las grandes potencias europeas, el territorio dominicano fue elegido como asiento de grandes empresas azucareras, bananeras y agroindustriales.

Entre las condiciones creadas para la reproducción del capital estaba el uso de fuerza de trabajo barata y despojada de derechos laborales que eran reconocidos internacionalmente.

Por eso, el Estado fue partícipe de la contratación (trata para más precisión) de braceros haitianos para la caña y toleró la contratación irregular (con grandes ventajas para el capital) de mano de obra haitiana no calificada.
La condición de indocumentados y la constante amenaza de repatriación, eran limitantes para el reclamo de derechos en el agro, en la agroindustria, en el sector informal y hasta en el trabajo doméstico.

La matanza de 1937 se produjo cuando Trujillo consideró muy numerosa la población haitiana en la frontera. Tuvo un sello racista y fue un proyecto de despojo de pequeñas tierras, además de que afianzó el poder de Trujillo a nivel de la isla.

En La Palabra Encadenada y en Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo, dos libros en los cuales figura información muy manipulada, Joaquín Balaguer atribuye a la concepción que tenía Trujillo sobre su papel como gobernante y como patriota, esa matanza que, según él estima, cobró la vida de 17 mil haitianos.

Balaguer fue parte de la negociación para evitar las consecuencias que la matanza pudo tener para el régimen de Trujillo (hay quienes califican como patriota esta actitud) y por eso, envuelta en condena moral, ensaya la justificación política: “Es cierto que Haití habría aniquilado prácticamente a la República Dominicana si no se hubiera detenido a tiempo la afluencia de inmigrantes clandestinos a través de las poblaciones fronterizas. Pero también es cierto que la superioridad militar de que disponía Trujillo sobre la nación vecina, pudo haber hecho posible la expulsión de toda esa inmigración indeseable sin derramamientos de sangre”. (La Palabra Encadenada. Editora Corripio, 1993. Pág. 300).

La carga racista y la postura antihaitiana de Balaguer, asumida durante décadas por los sectores beneficiarios de la explotación y de las más condenables formas de sobreexplotación de la mano de obra, no hay que mirar muy hondo para identificarlas.

Los herederos políticos de Balaguer y Trujillo, junto al poder económico, han dado carácter de doctrina a esta postura.
Por eso, quieren materializar en cada persona de nacionalidad dominicana la representación de sus intereses de clase, y fomentan el racismo y el odio a las personas del vecino país.

Proclaman que las grandes potencias quieren cargar a República Dominicana el problema haitiano. En realidad, las grandes potencias explotan y saquean a República Dominicana y a Haití, y cierran sus fronteras a los nacionales de ambos países. 

La incoherencia de este discurso se hace evidente cuando un representante de los mal llamados grupos nacionalistas, el exdiputado Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, favorece los intereses de Falcondo Xstrata Nickel mientras, junto a su familia, pide la construcción de un muro en la frontera. Como ministro de Energía y Minas (puesto al que renunció recientemente por su compromiso con Leonel Fernández), se opuso a que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional para dejar abierta la posibilidad de que Falcondo realice sobre ella su actividad minera de depredación.

¡Así han actuado siempre los grupos fascistoides!
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, favorecido por Balaguer con una millonaria Mansión Cardenalicia y otras “contribuciones”, manda a callar a todo sacerdote que se pronuncie contra el abuso a los haitianos y es partidario de la visión ultraderechista en torno a la inmigración, pero no toma una actitud militante contra las grandes mineras o contra la propia injerencia yanqui.

Es grande la lista de incoherencias y de manifestaciones entreguistas y serviles; pero hay que mencionar también las mentiras en cuanto al gasto social.

No es cierto que la deficiencia en las escuelas y en los hospitales se origina en la inmigración haitiana. El origen está en la corrupción y la indolencia de los sucesivos gobiernos. Si el uso por los haitianos y haitianas de estos servicios hace crecer el gasto social oficial, es porque el Estado no les exige a sus empleadores pagar salarios siquiera aceptables (en la flexible normativa capitalista) y adaptar las cotizaciones de acuerdo con el uso que hacen de la fuerza de trabajo.

¿Cotizan los empresarios del sector Construcción, por ejemplo, por los trabajadores haitianos que utilizan? ¿Hasta cuándo pretenden seguir usando mano de obra sin garantizarle siquiera cobertura mínima de seguridad social? 
La voracidad de la clase dominante, junto a la corrupción e indolencia de los políticos a su servicio, es determinante en la negación a los trabajadores del derecho a servicios de salud y educación eficientes.

Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado y el propio Luis Abinader (con cara nueva, pero con ideas neoliberales y recalcitrantes) se mueven cómodamente en el esquema racista y en la coerción de clase y son aliados de la clase dominante en la acción de presentarlos como necesarios y de negar que forman parte del esquema impuesto por la ultraderecha. 

Ejercicio de soberanía y abuso contra los desposeídos, son conceptos contrapuestos.