En lo que constituye una luz sobre los “amarres secretos” sobre el proyecto, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) admitió este miércoles ante el Tribunal Superior Administrativo que carece de documentos legales que avalen el uso de los terrenos donde construye, desde hace más de un año, dos plantas de carbón mineral en Punta Catalina, Provincia Peravia.
En el conocimiento del recurso de amparo incoado por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) ante el Tribunal Superior Administrativo para que éste le ordene a Rubén Bichara y la CDEEE la entrega inmediata de los documentos que avalan el uso de los terrenos donde se construyen las planta, los abogados de la CDEEE dijeron que no podían entregar estos documentos porque no existían.
Expresaron que la CDEEE, amparada en la declaratoria de emergencia nacional del sistema eléctrico, había iniciado la construcción de la obra sin contar con ningún acuerdo con los propietarios de estos terrenos y por tanto sin los títulos de propiedad de los mismos, sin un acto de venta y sin un acuerdo de arrendamiento.
Indicaron que el gobierno podría declarar estos terrenos de utilidad pública en caso de que fuera necesario y no se produjera un acuerdo con los propietarios de los mismos que es el Grupo Vicini.
El abogado del CNLCC, Darío Coronado, manifestó ante el tribunal que la CDEEE había violado la ley, porque antes de irrumpir en esos terrenos ajenos e iniciar la construcción de estas plantas, debió de proceder a obtener la declaratoria de utilidad pública los mismos y pagar su valor a sus legítimos propietarios.
Para el CNLCC la admisión de la CDEEE de que carece de documentos legales que avalen el uso de los terrenos donde construye las plantas de carbón en Punta Catalina, es una fehaciente demostración de que este proyecto es desde el principio un abuso de poder “al peor estilo trujillista”.
“No es posible en un país que se respete la ley y la institucionalidad, que el gobierno invierta, según lo ha anunciado públicamente, más de 600 millones de dólares en un terreno ajeno sin ningún acuerdo con los propietarios o sin proceder con arreglo a la ley de expropiación que establece la declaración de utilidad pública y la indemnización de los dueños”
Se trata una inmensa cantidad de tierra correspondientes a las parcelas 136 y 233 del Distrito Catastral No. 2 del municipio de Bani, con una extensión total de 3,600 tareas (2,252,511.58 metros cuadrados), según se desprende del Estudio de Impacto Ambiental depositado en el Ministerio de Medio Ambiente.
“La CDEEE carece de los documentos sobre los terrenos donde se construyen las plantas, pero tampoco posee las cartas de no objeción del Ayuntamiento de Baní y de la Junta Distrital de Catalina, que son requisitos explícitamente exigidos por los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder autorizar este proyecto”, señaló el CNLCC.
Precisó que desde sus inicios la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina ha sido irregular, violatoria de las leyes y carente de transparencia.
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