Por: Lilliam Oviedo.
El día 15 de diciembre, en el local de la Federación Dominicana de Municipios, tres personas murieron en un incidente que ningún medio de comunicación ha descrito de manera precisa, y que se originó por desacuerdos en negocios cuya denominación la opinión pública tampoco ha podido conocer. Hay que destacar esta carencia de información, porque tras un incidente cuyos protagonistas reconocidos murieron, es poco probable que la Justicia y el Ministerio Público se empeñen en dar a conocer la verdad.
La muerte del empresario y alcalde Juan de Los Santos y de su guardaespaldas, el sargento Alcibíades de Jesús Medina, ocurrió a manos de Luis Esmelin Féliz Féliz, quien, según la versión oficial, terminó la acción suicidándose.
El hecho se suma a los que ocurrieron dos días antes, cuando durante una convención convocada para elegir algunos candidatos al Congreso y a los cabildos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, hubo dos muertos y más de 10 personas heridas.
Erasmo Antonio Medina Espinal, de 30 años, fue muerto en el sector Los Ciruelitos, de Santiago de los Caballeros, y Yeral Pérez y Pérez, de 31 años, en Pescadería, de Barahona. ¡Violencia en el Sur y también en el Cibao! El PLD hoy es eso.
La violencia en la convención y la sangrienta escena en la sede de FEDOMU son hechos separados, pero tienen un origen común: el caudal de dinero de cuestionable procedencia que se ha hecho presente en el ejercicio de la política, y la conversión de los partidos en organizaciones cuyas siglas avalan las más sucias transacciones de grupos.
La rivalidad entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el control de la maquinaria de campaña y de los puestos de poder en el Estado, genera actos de violencia como los que cobraron dos vidas en el fin de semana.
Los grupos electoreros del sistema político son incapaces de exigir que Fernández y Medina, igual que el diputado Abel Martínez y los dirigentes municipales de los lugares donde hubo violencia, expliquen el origen de las armas y de las acciones.
Es deber de conciencia exigir justicia.
En cuanto a la matanza ocurrida en FEDOMU, la opinión pública tiene derecho a saber cuáles actividades lucrativas la generaron.
¿Hubo dinero del Estado en estos “negocios”? Es una pregunta que las instituciones correspondientes deben responder.
Es preciso también establecer responsabilidades en la actuación de las instituciones que este pueblo paga, como la Policía Nacional y los organismos del Ministerio Público, que han sido mencionados en actos irregulares de embargo. ¿Hubo pagos irregulares o prebendas?
El PLD, la Justicia y el Ministerio Público tienen que explicar a la población hasta qué punto el poder del acaudalado empresario y privilegiado político que fue asesinado el martes logró mover cuadros de las instituciones para acciones que eran suyas en su condición de empresario.
AQUELLOS POLVOS TRAJERON ESTOS LODOS
En el año 2001, cuando en el VI Congreso Ordinario Profesor Juan Bosch el PLD abandonó la política de cuadros, muchos de sus grandes financiadores, personas con escasa o ninguna formación política pero de probada eficiencia en el movimiento de recursos económicos, ingresaron formalmente a la organización.
Con la “apertura”, hizo entrada formal Juan de Los Santos. Así, el dueño del consorcio de bancas de apuestas Juancito Sport, rompió su ligazón con el Partido Revolucionario Dominicano, y por la boleta del PLD fue diputado y alcalde. En su ejercicio como alcalde fue hecho presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
Hombre de confianza del presidente Danilo Medina, afianzó su privilegiada posición ocupando, desde febrero 2014, un asiento en el todopoderoso Comité Político del PLD.
El PLD dejó de ser un partido de cuadros para convertirse en un partido de masas, dicen ciertos analistas, pero es un gastado eufemismo. En realidad, cuando fue constituido, en diciembre de 1973, estuvo en proceso de asumir un proyecto de nación y convertirse en un partido político propiamente dicho, pero ese proceso abortó cuando sus dirigentes privilegiaron la obtención de dinero y de posiciones en el Estado e hicieron concesiones de principios.
En 1996, cuando Leonel Fernández asumió la presidencia de la República, el PLD era un grupo organizado, pero se había revertido el proceso de conversión en un verdadero partido. Algunos dirigentes habían llegado al Congreso y pactado con el balaguerismo para obtener puestos dirigenciales en las cámaras. Danilo Medina y Jaime David Fernández Mirabal están en entre ellos. Medina fue presidente de la Cámara de Diputados entre 1994 y 1995.
El abandono de la política de cuadros, facilita las relaciones con los financiadores de campañas, dueños casi todos de fortunas y capitales sobre cuyo origen no es posible hablar en buenos términos aunque se les examinara con las muy flexibles reglas que el orden capitalista establece para ello.
Financiadores que cobran dividendos a través del saqueo al Estado, activistas pagados y grupos de choque financiados desde diversos organismos, manejaron durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) más de 1,400 millones de pesos, en el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) y en el Programa de Acción Barrial, PRODABA. Ese dinero provino del Fondo 1401, administrado por el presidente de la República.
Leonel Fernández dio respuesta al escándalo diciendo que ese dinero fue utilizado para preservar la gobernabilidad desactivando cientos de huelgas programadas para el año 1997.
Diandino Peña, Simón Lizardo, Hivanjoe Ng Cortiñas, Luis Inchausti, Grecia Peguero y León López Mata, fueron investigados, pero al expediente se le dio un uso politiquero, de modo que los dirigentes de mayor importancia por nada respondieron y los de menor jerarquía (los últimos tres mencionados) respondieron solo a medias, es decir, fueron detenidos e investigados, pero no se hizo justicia.
Hipólito Mejía, quien sustituyó a Leonel Fernández en la presidencia de la República, pidió para este un trato respetuoso y ordenó a sus colaboradores "no hacer shows con la lucha anticorrupción". El pacto de clase incluye la impunidad, aunque haya que llegar al descaro para preservarla.
El dinero del PEME también fue objeto de discordia, y hubo, en el proceso de distribución, más de una víctima.
Crear las condiciones para lavar fortunas y edulcorar capitales forjados y multiplicados mediante actos dolosos (como el manejo de los fondos generados en el proceso de privatización de decenas de empresas del Estado), fueron objetivos de la “apertura” dispuesta en el PLD en el 2001.
Los dirigentes del PLD decidieron permanecer en el Estado a través de una maquinaria electoral cuyas siglas cobijaran sus transacciones. Abrieron la organización a los grandes propietarios sin preguntarles cómo adquirieron esa condición, y sustituyeron los organismos de base por centros de activismo pagado.
Lejos de combatir la corrupción y erradicar el latrocinio que caracterizó el ejercicio del PRD y de los gobiernos balagueristas, el PLD se dispuso a jugar el mismo juego y está sucio del mismo lodo.
Juan de los Santos fue denunciado por manejos turbios en la contratación de una empresa recolectora de desperdicios (SEHISA), y algunos regidores de su partido lo acusaron de sobrevaluar obras municipales. Pero Danilo Medina lo consideró siempre un ente importante en su equipo de campaña.
El Comité Político del PLD emite un comunicado elogiando al alcalde asesinado, y el presidente de la República se muestra compungido, pero asumiendo o no estas poses, están en el deber de explicar lo ocurrido y de establecer responsabilidades en la actuación institucional.
El presidente de la República, el procurador general Francisco Domínguez Brito y la dirección del PLD, elaboran versiones y ocultan datos, pero sus argumentos no alcanzan para disfrazar lo evidentemente cierto: La corrupción y la impunidad están en el origen de estos hechos de sangre...
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