Lilliam Oviedo
Con la proximidad de las elecciones, han sido reeditadas denuncias de enorme peso como la tradición de racismo y sobreexplotación en las empresas de la familia Trump o el turbio manejo que ha permitido a los Clinton acumular millones de dólares a partir de acuerdo político que le ha otorgado el control de Haití. Han resurgido, además, denuncias sobre el comportamiento sexual de Donald Trump y especulaciones sobre la salud de Hillary Clinton. Son dos candidatos impopulares, pero en su definición es más importante aún el compromiso de dar continuidad al proyecto de posicionar a la ultraderecha en América Latina.
Cuando el 11 de marzo pasado Ben Rhodes, en su condición de asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que la oposición cubana y el Gobierno de Estados Unidos “quieren lo mismo”, no solo expresó el sentir de Barack Obama (un presidente que ha dedicado desmedidos elogios a los contrarrevolucionarios y venezolanos) también dejó claro que en la agenda del poder estadounidense un punto de mucha importancia es la desestabilización de los gobiernos progresistas de América Latina.
A poco más de dos meses de las elecciones de Estados Unidos, aumenta el activismo de la ultraderecha en países como Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador y El Salvador, y esto no es casual. Ocurre porque, con el previsible triunfo de Hillary Clinton o con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (esto último menos probable), el poder estadounidense se propone seguir dando impulso a la ultraderecha en América Latina, y Obama colabora con el proyecto.
La ultraderecha inició el ejercicio procaz y violento de oposición a los gobiernos progresistas del hemisferio, y ha protagonizado la llamada “guerra no convencional”. Los efectos de este abominable conjunto de maniobras se han sumado al trabajo propagandístico realizado en forma descarada por las agencias de prensa que controla el poder hegemónico, para comprometer en el proyecto de conspiración a grupos de derecha que actuaban con relativa moderación.
A esta asociación entre la derecha y la ultraderecha es consustancial la violación de todo tipo de acuerdos y el irrespeto a la legalidad. Prevalece la forma de proceder de la ultraderecha, el sector que coordina de las acciones.
Se observa en los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela, en la violencia desatada recientemente en Bolivia y en las agresiones contra el gobierno de Ecuador.
LOS DICTADOS DE LA CRISIS
El imperialismo conserva su definición esencial, y no es ni puede ser tarea fácil la preservación de los procesos revolucionarios.
Los estrategas imperialistas apoyan abiertamente las manipulaciones con apariencia institucional y se ocupan de disfrazar las huellas de sus garras en el manejo evidentemente turbio.
En el puesto más alto del Comando Sur, el comandante que explicaba su apoyo a la mal llamada oposición venezolana diciendo que cada día “lloraba” por Venezuela (John Kelly), fue sustituido por el que ha asumido la Operación Venezuela Freedom-2, con una agenda logística y operativa que incluye guerra económica, otras formas de guerra no convencional, y violencia sin calificativos.
El imperialismo no actúa con apego a la legalidad, y la ultraderecha como sector tampoco lo hace.
Los gobiernos progresistas, sin embargo, han aceptado la imposición de una legalidad a todas luces retorcida, entre otras razones por el intercambio con gobiernos y personalidades que tienen un sello conservador y que están ligados, de uno u otro modo, a grupos empresariales.
El caso de Venezuela es muestra de ello. Organismos regionales con fuerte presencia de gobiernos conservadores y de figuras políticas merecidamente cuestionadas, proclaman que reconocen la legitimidad del gobierno encabezado por Nicolás Maduro y coordinan un proceso de diálogo que sirve de disfraz a la oposición de derecha para articularse y organizar acciones violentas y para proclamar un falso apego a la Constitución y las leyes.
En realidad, estos grupos están dispuestos a ceder la soberanía del país y son aliados de grupos empresariales que se han revelado como rapaces e incluso como asesinos. (Hay que buscar la relación de ambientalistas y activistas de derechos humanos asesinados por defender a los de abajo).
Es evidente que los gobiernos progresistas tienen que apelar a la voluntad popular y hacer más eficientes sus organismos de difusión y de formación política.
Apelar a la voluntad popular, sin embargo, implica sintonizarse auténticamente con el pueblo, pasar de la denuncia a la acción oficial contra quienes sustentan la guerra económica, contra los grupos que acaparan los alimentos y que encarecen los servicios.
Solo así es posible impedir que el descontento avance y que la derecha pueda presentarse ante las masas como portadora de soluciones y no como lo que en realidad es: generadora del problema.
Esto es lo que se debe exigir a gobiernos como el de Venezuela y el de Ecuador. La derecha violenta actúa como sector a través de sus cabecillas, y estos deben ser presentados al pueblo, pues al pueblo le corresponde hacer justicia.
La violencia y la guerra no convencional, tal como revelan los documentos del Comando Sur, son de factura yanqui. Todas las acciones con esta denominación son auspiciadas por el poder estadounidense y por la cúpula global del imperialismo.
La elección en Estados Unidos de Hillary Clinton o de Donald Trump no variará el curso de las mismas, porque responden al proyecto político imperialista para América Latina. Barack Obama, negro e indiscutiblemente carismático, no ha sido agente de cambio, y no lo será tampoco Hillary Clinton o Donald Trump.
El saqueo imperialista se realiza a partir del control político. Esto hay que reiterarlo aunque los renegados griten que es proclama fuera de moda. Y hay que decir también que Obama sigue abonando el camino a quien le suceda en la Casa Blanca…
Al proyecto imperialista, es urgente oponerle la fuerza de los pueblos…
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