La
Colectiva Mujer y Salud criticó hoy la postura “sumisa” del Estado dominicano
frente a la jerarquía de la Iglesia católica cuando de política pública en
materia de salud sexual y reproductiva se trata.
De igual forma, la entidad observa el desconocimiento manifiesto
por parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano del proyecto de Ley de
Salud Sexual y Reproductiva, cuyo abordaje ha sido aplazado por la Cámara de
Diputados.
La iniciativa, de los diputados Cristian Paredes y Hugo Núñez,
persigue garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
contemplando planes para prevenir enfermedades y ofrecer servicios sanitarios
en materia de sexualidad y reproducción.
Aquí el documento íntegro de la Colectiva Mujer y Salud
Da
la impresión de que las personalidades y entidades religiosas que han criticado
tan acremente el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva no lo han
leído a fondo, porque sus críticas no se corresponden ni con la letra ni con el
espíritu de la legislación propuesta.
Cualquiera
que saque el tiempo para leerlo se dará cuenta de que el extremismo no está en
el anteproyecto de ley, que propone medidas eminentemente razonables y
ampliamente consensuadas, sino en las posiciones de los obispos, que insisten
en satanizar políticas públicas moderadas con las que la mayoría de la
población está de acuerdo. Recordemos que los únicos que objetan esta ley,
similar en sus contenidos a tantas otras vigentes en América Latina, son los
sectores religiosos más conservadores, tanto católicos como evangélicos.
Durante
demasiado tiempo nuestros gobernantes han mantenido una postura sumisa frente a
la jerarquía católica en lo que respecta a las políticas públicas en salud
sexual y reproductiva. Los resultados de esta postura han sido catastróficos
para el país, que hoy cuenta con indicadores sanitarios que nos deben indignar
y sonrojar: a pesar del subregistro y las imprecisiones estadísticas, la tasa
de mortalidad materna sigue por encima de 100 por 100,000 nacidos vivos,
considerablemente mayor al promedio regional; una de cada cinco adolescentes
dominicanas ya es madre o está embarazada, una de las tasas más altas del
hemisferio; apenas el 7% de los estudiantes dominicanos recibe algún tipo de
educación sexual; la necesidad insatisfecha de anticoncepción alcanza el 27%
entre las adolescentes en unión de pareja y el 21% entre las adultas de 20-24
años; las autoridades advierten de un repunte de enfermedades como la sífilis,
gonorrea y papiloma entre la población joven, etc. Ante esta situación
calamitosa, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva constituye una necesidad
impostergable.
Hace
menos de un año que el Congreso Nacional y el país entero vivió la experiencia
de la observación presidencial para despenalizar el aborto por causales a pesar
de las objeciones clericales, y vimos que a nivel político no pasó nada –como
tampoco le pasó nada a las y los 33 valientes que votaron contra el artículo 30
de la reforma constitucional y luego se postularon a la reelección en el 2010,
reteniendo la mayoría sus curules a pesar de las amenazas públicas de la
Iglesia. Felizmente no estamos en 1963 sino que, por el contrario, el momento
histórico actual luce eminentemente apropiado para que el Congreso Nacional
demuestre independencia de criterios y vote a favor de una ley que a todas
luces favorece la salud pública y el bienestar de la población.
Es
una pena que la jerarquía católica dominicana dirija su indignación moral
contra un anteproyecto de ley moderado, razonable, absolutamente necesario,
mientras se mantiene silenciosa frente a las artimañas del exnuncio, que ahora
evade el juicio del tribunal vaticano apelando a borracheras matutinas. También
es una pena que la Iglesia no se decida a asumir sus posiciones con un poco más
de franqueza, por impopulares que éstas sean. En otras palabras, el problema
con la educación sexual científica y con enfoque de derechos no es su
pretendida ‘genitalidad’, es que la Iglesia sencillamente no está de acuerdo
con que las escuelas impartan esta materia. El problema con el aborto
terapéutico no es la defensa de la vida, ya que de ser así la Iglesia sería una
ardorosa defensora del aborto terapéutico, que tantas vidas de mujeres ha
salvado. El problema es que la Iglesia no quiere que se interrumpa el embarazo
nunca, ni siquiera para salvar la vida de la mujer, no digamos ya cuando el
embarazo es producto de violación sexual o incesto.
La
realidad es que estas posiciones extremas no son populares ni siquiera entre
los mismos católicos y que cada vez que los electores dominicanos han sido
consultados mediante encuestas de opinión, se han manifestado inequívocamente a
favor de la educación sexual escolar, la despenalización terapéutica del
aborto, la planificación familiar, el uso de condones para prevenir el VIH,
etc., etc. ¿Cómo es entonces que, aunque sabemos que la aplicación de doctrinas
religiosas al ámbito sanitario ha sido catastrófico para el país; aunque la
ciudadanía está claramente a favor de la adopción de políticas sanitarias
racionales y efectivas; aunque la observación triunfante de Medina al Código
Penal puso en graves apuros la reputación de tumbagobiernos que la Iglesia ha
mantenido desde la época de Láutico García; cómo es que, a pesar de todo esto,
la Iglesia sigue arremetiendo contra cualquier medida sanitaria inteligente,
sensata y prudente? ¿Y cómo es que el Congreso Nacional, supuesto a defender
los intereses y los derechos del electorado que lo eligió, parece otra vez
presto a someterse a las exigencias de la Conferencia Episcopal, cuyas
posiciones no representan ni siquiera a sus propios feligreses?.
La
coyuntura actual no debe ser desaprovechada para dotar al país de una
legislación moderna que nos permita empezar a transitar hacia la definición e
implementación de políticas públicas racionales, que mejoren efectivamente la
calidad de vida de la población dominicana, sobre todo de los sectores más
jóvenes y más pobres. Los intereses de la población deben estar siempre por
encima de los intereses, reales o imaginarios, de los políticos que dicen
representarnos. El momento es oportuno para que nos lo demuestren.
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