ANTO DOMINGO.- Varios gremios profesionales y organizaciones de la provincia Peravia elevaron hoy un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que persigue la paralización de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en el municipio de Baní.
El grupo pide al tribunal que además de disponer la detención de la obra, ordene la sustitución de base de generación, para que en vez de carbón mineral se utilice gas natural, por ser menos contaminante.
La acción de amparo fue incoada conjuntamente por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina (Aproteca), la Federación de Campesinos Banilejos (Fecaba), las juntas de vecinos de Sainaguá y Heriberto Lugo de Catalina, el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, y la Fundación Macorís Verde, de San Pedro de Macorís.
Como argumento plantean que la generación eléctrica a base de carbón constituye un alto riesgo y una grave violación de los derechos fundamentales relativos a la salud y el disfrute de un medio ambiente libre de contaminación, conforme con los artículos 61, 66 y 67 de la Constitución de la República.
Sobre el sustento jurídico, agrega que la instalación de las dos centrales eléctricas de carbón viola los artículos 8, 38, 40, 43, 92, 93, 113, párrafo 2, y 175, numeral 8 de la ley 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a la afectación del medioambiente.
“Estas plantas comenzaron a construirse sin la existencia de una licencia o permiso ambiental, en medio de un escándalo nacional e internacional por su enorme sobrevaluación, de alrededor de mil millones de dólares y por estar su proceso de licitación afectado por graves conflictos de intereses”, dice la coalición en un comunicado.
Incluye datos que indican que estas generadoras eléctricas arrojarán a la atmósfera cada año más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 0.57 tonelada de carbono por habitante, lo que representará un incremento de un 20% de las actuales emisiones de este gas en el país.
El dato, dice el documento, constituye un desmentido del compromiso que recientemente ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina, en la Conferencia Mundial del Clima (COP21), de reducir en un 25% estas emisiones.
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