Un informe entregado esta semana por las nuevas autoridades del
Ministerio de Energía y Minas ha puesto nuevamente sobre el tapete el enorme
reparto del Estado en que se ha fundado el dominio político en los últimos años
y en particular los caros que han resultado los mayores exponentes del
patriotismo nacionalista.
En apenas un año de iniciadas sus operaciones bajo la administración del
recién renunciante Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional
Progresista, ese ministerio ya registraba un enorme desorden financiero, con
gastos desmedidos, atrasos salariales y de cuentas por pagar. El personal fijo
y bajo contrato que ya ascendía a 368 costaba 26 millones 39 mil pesos
mensuales, que de inmediato el nuevo ministro Antonio Isa Conde ha reducido a
21 millones, lo que implica un ahorro de 60 millones de pesos anuales.
La dimensión de los salarios queda de manifiesto en que el promedio era
de 70,759 pesos mensuales, en un país donde el 85 por ciento de los asalariados
formales recibe menos de 20 mil pesos mensuales, y donde 40 por ciento de los
empleados estatales apenas alcanzan los 5,117 pesos por mes.
Pero el ministerio de Pelegrín Castillo tenía 29 asesores con promedio
de 161 mil pesos y otros tres promediaban 556,166 pesos mensuales. En los
primeros 4 meses de este año ya el ministerio había consumido el 56 por ciento
de su presupuesto para todo el año, lo que proyectaba un déficit al cierre del
año de 145 millones de pesos, 69 por ciento sobre su asignación.
En vez de responder sobre lo informado, el exministro Castillo se
refirió a los ingresos del Fondo 1974 que la Ley de Combustibles destina al
fomento de energías renovables, ripostando que nunca recibió los 1,200 millones
de pesos correspondientes al mismo, porque quedaban en el Ministerio de
Industria y Comercio para pagar una nominilla de 4 mil compañeritos de partido.
La respuesta de Pelegrín es indicativa de que persiste el pago de las
nominillas políticas por numerosas instituciones del Estado denunciado y
documentado en el 2008 no solo como un abuso contra el patrimonio público, sino
también un ventajista y rentable reparto con fines políticos partidistas.
Ese reparto ha sido persistente en los organismos encargados a los
aliados políticos del partido gobernante, como el Ministerio de Minas, el de
Relaciones Exteriores hasta hace un año, el quebrado Banco Nacional de la
Vivienda, la Lotería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, anteriormente
en el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros donde se han denunciado
escándalos y donde las auditorías de la Cámara de Cuentas han revelado
irregularidades.
Pero los nacionalistas particularmente han salido caros, si tomamos en
cuenta cómo otro adalid, José Ricardo Taveras, administró varios años la
Dirección General de; Migración, donde tan solo entre 2012 y 2013 gastó
discrecionalmente 925 millones de pesos, provenientes de tasas que aumentaba a
su conveniencia, sin pasar por la Cuenta Unica del Tesoro. Y entre 2011 y 13
destinó 36.6 millones de pesos a comidas y bebidas para el personal de la
dirección ejecutiva que disfrutaba de altos salarios, dietas, gastos de
representación, viáticos, combustibles y gratificaciones.
Sería injusto ignorar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha
hecho esfuerzos por reducir la malversación y el derroche del gasto público,
pero en general ha respetado el inmenso reparto del Estado en que se fundó el
liderazgo de su antecesor. Es particularmente relevante que haya evadido el
cumplimiento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que el
8 de agosto cumplirá dos años de que Medina la promulgara, tras años de
consultorías nacionales e internacionales y de consensos y discusiones
legislativas.
Habremos de seguir soñando que un día algún gobierno ponga fin al
derroche que ha situado la nación entre los diez líderes en malversación en las
evaluaciones de 144 países incluidos en el Indice de Competitividad del Foro
Económico Mundial. Alguna vez será.
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