Agentes de la Policía Nacional irrumpieron “de forma ilegal y con fines intimidatorios” en una reunión en la que integrantes del movimiento Poder Ciudadano planificaban acciones pacíficas para protestar contra la corrupción y la impunidad en el Estado, informó el colectivo.
Poder Ciudadano explicó en un comunicado que, pasadas las 10:00 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, un agente con rango de coronel y un sargento de la Policía, sin presentar ninguna orden judicial, ingresaron al salón de eventos del Centro Bonó, donde los activistas desarrollaban la actividad privada.
“Una vez en el lugar, los agentes hicieron fotografías y comenzaron a revisar la hoja de registro de participantes de la asamblea ciudadana”, indicó el movimiento.
“Al ser cuestionados por la acción arbitraria, el sargento y el coronel se identificaron como los responsables de la zona correspondiente al barrio María Auxiliadora y alegaron que solamente hacían un reconocimiento del tipo de reunión que se desarrollaba en el Bonó”, explicó Poder Ciudadano.
La organización indicó que “ve con preocupación esta irrupción de la Policía en un recinto privado, sin orden judicial, máxime cuando el grupo ya ha visto vulnerado su derecho a manifestarse pacíficamente frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe)”.
Para el grupo, los agentes policiales tenían “la clara misión de intimidar y acosar a los y las activistas que desde hace varias semanas realizan cadenas humanas en reclamo de que se desmonte la maquinaria de corrupción e impunidad que se ha instalado en la OISOE”.
Poder Ciudadano recordó a la ciudadanía y al gobierno del presidente Danilo Medina que la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía se encuentran “en desacato de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que les ordena permitir la realización de la Cadena Humana frente a la Oisoe”.
Recordó que la decisión del tribunal obliga al gobierno de Medina a “garantizar la protección efectiva de los ciudadanos que cada miércoles acuden a manifestarse pacíficamente contra el hurto de los recursos públicos”.
“Estos son derechos constitucionales, que hasta el momento nos están siendo vulnerados”, concluye el comunicado.
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